Ciudadanización del Sistema Nacional Anticorrupción, bajo sospecha

Reconocida como un obstáculo para el desarrollo mundial, la corrupción tiene como base decisiones estrictamente humanas. Estas tienen que ver con la búsqueda de ganancias particulares cuando se desempeña o administra un bien público.

Acciones desviadas de la norma, como la corrupción, debilitan no solo la confianza, el estado de derecho y las capacidades de crecimiento de un país. Como obra el ácido sobre el metal, la corrupción corroe en las sociedades todo aquello que tiene que ver con el orden, la equidad y la justicia, tres pilares que le dan razón de ser al Estado.

En nuestro país, como en otras naciones, el tema del combate a la corrupción ha pasado de la agenda pública, a la política partidista, sindical y cualquier otra que se asocie con el poder; por ello mismo, no extraña a nadie que la corrupción se halle en nuestros días en el seno mismo de la agenda ciudadana. De ello deseamos dar cuenta en la presente contribución

En mayo de 2015, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada para ampliar en ella lo referente al combate de la corrupción. En el marco que hizo posible dicha reforma, llevada a cabo por cierto con amplio debate social, se sentaron las bases que allanaron el camino de lo que hoy conocemos como Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Cinco años después, el SNA existe y se describe, según su sitio en Internet, como “un esfuerzo de coordinación y colaboración entre organizaciones de la sociedad civil, autoridades federales y locales para combatir la corrupción, aumentar la transparencia y fortalecer la confianza de la ciudadanía y las instituciones públicas”. Ahí mismo se señala, que la creación de esta instancia deriva de los resultados insuficientes obtenidos hasta antes de su conformación. Para poderle dar vida a esta entidad con alcances jurisdiccionales en distintas dependencias, en julio de 2016 se publicaron las leyes secundarias que le otorgaron coordinación: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. A la par de ello, se promovieron reformas al Código Penal, a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Fue a partir de ese punto que las entidades federativas mexicanas iniciaron, por su cuenta, las reformas correspondientes en sus propias Constituciones locales, para generar sus propios Sistemas Estatales o Locales Anticorrupción (SLA). Hasta el momento, estos han venido funcionando bajo contextos que nos les permiten ser estables y eficientes; los SLA presentan menos ventajas que desventajas, lo cual redunda en la paralización de su complejo engranaje que no termina por acoplar un Sistema Nacional Anticorrupción robusto, dirigido y ofertante de resultados.

En este orden de cosas, en marzo de 2020, la asociación cvil sin fines de lucro Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad presentó el resultado de un análisis sobre la evolución de los Sistemas Locales Anticorrupción, denominado “Carrera de tortugas”. Desde su título, el estudio advierte que la implementación de los SLA en las diferentes entidades federativas ha marchado muy distinto a lo que se pensó en 2015. En orden de menor a mayor progresividad, hay estados en los que sus sistemas anticorrupción no quieren avanzar, otros donde avanzan pausadamente y los menos, donde se camina a paso acelerado.

Los sistemas locales anticorrupción:

El tortuguismo que exhibe Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en su informe lleva a revisar el complicado tránsito que han tenido para consolidarse en su ejercicio los SLA. Es claro que estos han venido operando en diversos contextos que comprometen en diverso grado su operación. Destacan dos aspectos:

1. No cuentan con los órganos colectivos de conducción debidamente instalados, no están completos, en funcionamiento o se encuentran desarticulados (Comité Coordinador y Comité de Participación Ciudadana);

2. No tienen el titular responsable de la Secretaría Ejecutiva

Especial atención merecen dos aspectos en particular, los cuales han venido siendo más manifiestos con el paso de los meses: el primero de ellos es el que no se haya nombrado a la Comisión de Selección que debe elegir a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana nacional; cosa que se repite en algunas otras entidades federativas. Los integrantes de los Comités de Participación ciudadana son las figuras vinculantes entre el Sistema y las organizaciones sociales y académicas; su función es generar propuestas de políticas públicas al respecto, además deben coordinar las estrategias anticorrupción con las instituciones que conforman el Comité Coordinador.

Las comisiones de selección son por ello sumamente importantes, y el hecho de que muchas de ellas no estén funcionando, se obstaculice su instalación o se litiguen los nombramientos para que no funcionen, manda un pésimo mensaje a la ciudadanía. Es la prueba de que en el combate a la corrupción está metida la agenda partidista. Exactamente lo que quiso evitarse con la creación del SNA.

En el plano nacional, la Comisión de Selección es elegida por el Senado de la República, mediante un procedimiento señalado en el Artículo 18° de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. En el caso de los estados, el proceso de designar los integrantes de dicha Comisión es responsabilidad de los Congresos Estatales, atribución que generalmente recae en quienes conforman las Comisiones Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

Lamentablemente, sin distingos de partidos, es visible ya la labor de no renovar o “empapelar” las Comisiones de Selección para detener la agenda ciudadana. Ello se ha tornado tan evidente que en muchas organizaciones de la sociedad civil ha encendido las luces de alerta, ante la posibilidad de un colapso de los SLA.

Actualmente, de los 32 Comités de Participación Ciudadana activos, 11 no cuentan con Comisión de Selección vigente: Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. Esto sucede a pesar de que en algunas entidades se está en los tiempos del proceso de renovación. Para finales del 2020, serán otros 13 estados los que se hallarán en la misma circunstancia: Chihuahua, Colima, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

El hecho de no contar con comisiones de selección pone en riesgo el funcionamiento de los sistemas anticorrupción, en virtud de que los Comités de Participación Ciudadana deben cambiar uno de sus cinco integrantes cada año. De no hacerlo, se irá desintegrando el órgano ciudadano. Morirá por inanición. No contar con Comisión de Selección imposibilita cumplir con lo establecido en la Ley, en lo que refiere a que el Comité de Participación Ciudadana deberá hallarse conformado por cinco ciudadanos para que los sistemas funcionen de manera adecuada y articulada.

Actualmente son los Sistemas de Campeche, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, que operan de manera incompleta con cuatro integrantes de cinco que debieran tener. Colima, Nuevo León y el mismo Comité del Sistema Nacional opera con solo tres integrantes de cinco.

Vamos contra reloj, porque llegando a dos miembros, el Sistema Local o Nacional no puede generar acuerdos en su máximo órgano: el Comité Coordinador.

Esta es, por lo tanto, la manera en que la agenda partidista, los intereses fácticos locales o las fuerzas regionales que no desean contrapesos, han encontrado para desmontar por la vía de la obstrucción de los nombramientos el funcionamiento de la lucha anticorrupción a pesar de ser una tarea constitucionalmente establecida.

Los Comités de Participación Ciudadana son, por lo tanto, el eslabón más débil de los Sistemas Estatales Anticorrupción. Lo que es peor aún, con la situación de recorte presupuestal que padece anualmente el Sistema Nacional Anticorrupción, se percibe un escenario gris para los próximos años. Esa tendencia se reproduce en los SLA, ahorcados por la influencia de los gobernantes y el desinterés de los Congresos estatales. Al no conformar las Comisiones de Selección y, por consiguiente, no realizar el proceso de designación de los integrantes de los CPC, la agenda ciudadana tiene los días contados.

La situación del SNA

El 16 de octubre de 2019, la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción terminó su periodo de tres años, que comprende del 2016 a 2019, dejando en su conclusión incompleto el Comité de Participación Ciudadana nacional, al haber renunciado una de sus integrantes 20 días antes de que culminara su periodo dicha Comisión. Así se vieron imposibilitados de realizar un nuevo reemplazo. Lo normal hubiera sido esperar del Senado de la República que realizara la conformación de la nueva Comisión de Selección a la brevedad para completar el Comité de Participación Ciudadana, pero desafortunadamente dicho proceso sigue sin mostrar avances hasta este día.

Con un CPC del SNA con cuatro integrantes, y sin Comisión de Selección nombrada, el pasado 8 de febrero del 2020, José Octavio López Presa, quien presidía el CPC del SNA, culminó su periodo dejando un Comité con solo tres integrantes. A seis meses de que Rosa María Cruz Lesbros, la actual Presidenta, culmine su periodo en el 2021, el Senado no ha realizado la conformación de la Comisión de Selección lo cual representa un problema para el Sistema Nacional Anticorrupción, pues con dos integrantes no se puede conformar ni el CPC ni la Comisión Ejecutiva del Sistema, instancia que se integra con cuatro miembros del CPC y el Secretario Técnico del SEA. En situación similar se halla el Estado de Nuevo León.

En un contexto donde el actual Gobierno de la República, en su Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, ubica el combate a la corrupción como segunda prioridad nacional, resulta preocupante que el Senado y los Congresos locales no le den a la causa la importancia que requiere. El contar de forma completa con las instituciones que conforman los sistemas anticorrupción, llevando a cabo los procesos establecidos para ello, no es ningún favor que nos hacen a los ciudadanos los integrantes del Poder Legislativo, sino mandato constitucional. ¿Será acaso una muerte anunciada de los Sistemas Locales Anticorrupción? o ¿se advierte una reforma para rediseñar su funcionamiento? ¿Habrá la intención de eliminar la participación ciudadana del sistema? No lo sabemos. Tenemos ante nosotros más preguntas que respuestas, pero lo que vemos introduce la duda, representa una amenaza a la agenda ciudadana y debemos reorganizarnos.

Recordemos que a nivel nacional, ya existen sistemas que funcionan con el mismo enfoque sistémico y multiinstitucional. De ello da cuenta la coordinación de estrategias transversales entre instituciones públicas como el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; el Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, entre otros. Todas ellas funcionan, pero sin incluir participación ciudadana, diferencia de valor que debemos conservar a toda costa.

Presupuestos asignados al combate de la corrupción

Por último, el otro aspecto de los Sistemas Estatales Anticorrupción que consideramos representa una amenaza es el que se refiere a la variación en los presupuestos asignados para su funcionamiento. Contrario a lo que muchos piensan, cuando se crearon los SLA, no se asignó nuevo presupuesto a los entes públicos que conforman el Comité Coordinador, solo se generó el presupuesto para las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatales Anticorrupción, donde además se incluyen los pagos de honorarios de las y los integrantes del CPC.

A pesar de que los sistemas anticorrupción funcionan bajo las mismas atribuciones, la variación de sus presupuestos es muy amplia. Según un estudio basado en la información disponible en los portales de transparencia de las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatales Anticorrupción, la media de los presupuestos aproximados equivale a los 16 millones 700 mil pesos. Los estados con presupuesto menor a los 10 millones de pesos son Campeche, Baja California Sur, Colima, San Luis Potosí, Hidalgo, Guerrero, Zacatecas, Querétaro, Tamaulipas y Nayarit.

Los estados que están en el rango de los 10 a los 20 millones de pesos son: Tabasco, Tlaxcala, Durango, Chiapas, Morelos, Sinaloa, Sonora, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Guanajuato y Michoacán. Entre los estados con presupuestos superiores a los 20 millones de pesos se encuentran Nuevo León, Puebla, Coahuila y, como casos extraordinarios, los presupuestos de Jalisco y el Estado de México, mismos que, junto con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, son los presupuestos más grandes programados a nivel nacional, como se muestra en la siguiente tabla:

Fuente: https://maphub.net/renevillaf/presupuestos-para-los-sistemas-estatales-anticorrupcion-2020

Vista esta variación presupuestal, nos preguntamos qué criterios se emplean para asignar presupuestos a los sistemas estatales; quién determina cuánto presupuesto es suficiente para la operación de las Secretarías Ejecutivas, o de plano, si se otorga presupuesto dependiendo del agrado o desinterés que el combate a la corrupción tenga en la agenda del Poder Ejecutivo local o nacional.

La atribución de aprobar los presupuestos de las Secretarías Ejecutivas, así como de aprobar los honorarios de los integrantes de los CPC, es la Junta de Gobierno de las Secretarías Ejecutivas, que a su vez son miembros que integran el Comité Coordinador. La forma en la que se determina el techo financiero para operar una dependencia como las Secretarías Ejecutivas, mencionado anteriormente, varía de un estado a otro; lo singular aquí es que la variación es muy radical entre cada entidad federativa, pues tenemos estados con un presupuesto de tres millones y otros con un presupuesto de 90. Comparaciones absurdas cuando las atribuciones, insistimos, son casi iguales para todos.

Junto con los nombramientos que se obstaculizan en el país, la variación presupuestal es sin duda otro factor de influencia directa en el funcionamiento de los sistemas anticorrupción. No todos los estados están en la misma posibilidad de contar con el recurso adecuado para la correcta ejecución de sus funciones, por ello es que se dificulta la medición de los avances en cada estado de una misma manera. El decir que unas entidades presentan mayores avances que otras significa que las condiciones y las prioridades no son las mismas para todos. Por el contrario, existen estados que cuentan con condiciones presupuestales dignas, aunque organizaciones locales denuncien percibirlos con poca voluntad política para empujar la agenda. O entidades que ya cuentan con su Política Estatal Anticorrupción aprobada y publicada, y que pese a ello presentan un presupuesto por debajo de la media nacional; habiendo otros que a diferencia de los demás, cuentan con mayor presupuesto, pero no han podido culminar con su Política Estatal Anticorrupción.

En el tema presupuestal, otro gran reto que será imposible abordar aquí es el que se refiere a la creación y puesta en marcha de las plataformas digitales estatales, mismas que, dicho sea de paso, a tres años del funcionamiento del SNA, no lo vemos aún como una maniobra lo suficientemente aterrizada y coordinada.

El Sistema Nacional Anticorrupción en México y los elementos que lo conforman han sido constituidos como una estrategia ciudadana orientada a emprender acciones, en aras de eliminar la corrupción en el país. No obstante, visto el rumbo que han tomado los nombramientos de los órganos ciudadanos y las asignaciones presupuestales, no resulta optimista que se pueda cumplir con el mandato constitucional de acabar la corrupción, tampoco que se alcancen las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Pareciera que quiere relegarse la parte ciudadana, dejar morir de inanición al sistema para reinventarlo, lo cual no escapará sin duda a la deriva autoritaria de los poderes locales y nacionales. Quitar al ciudadano de en medio, como parece ser la intención, resultará en pérdida de innovación, participación y corresponsabilidad. Algo que debe tener la lucha anticorrupción.