Mesas de Trabajo sobre Consentimiento Sexual en Sonora: una síntesis del proceso impulsado por sociedad civil y especialistas
El pasado 6 de noviembre de 2025, EnIgualdadAC, con el acompañamiento de organizaciones aliadas y especialistas en derechos humanos, justicia, educación y salud, convocó a tres Mesas de Trabajo para analizar la propuesta de reforma al Código Penal del Estado de Sonora en materia de consentimiento sexual, coerción y relaciones de poder. El propósito fue construir un espacio técnico, participativo y multisectorial que permitiera revisar los avances recientes, contrastar propuestas legislativas y fortalecer los criterios necesarios para garantizar una protección más robusta a niñas, niños, adolescentes y personas sobrevivientes de violencia sexual.
Este proceso tomó forma desde el 18 de junio de 2025, cuando EnIgualdadAC presentó ante diputadas del Congreso del Estado un diagnóstico legislativo que evidenció importantes rezagos, especialmente en la edad mínima de consentimiento sexual, entonces fijada en 12 años, uno de los umbrales más bajos del país. El documento también subrayó la ausencia de criterios uniformes para valorar el consentimiento y la necesidad de actualizar conceptos vinculados con coerción y relaciones de poder. Como respuesta a estos hallazgos, los días 21 y 22 de agosto se llevaron a cabo un taller interinstitucional y un foro legislativo, donde se generaron las primeras recomendaciones técnicas colectivas para elevar el estándar de protección y armonizar la normativa con principios de derechos humanos.
Sin embargo, el 17 de septiembre, el Grupo Parlamentario de MORENA presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Sonora, lo que abrió un nuevo escenario legislativo y reforzó la necesidad de retomar el diálogo técnico para contrastarla con el trabajo previamente realizado, identificar vacíos y asegurar que la discusión avanzara con claridad metodológica y sustento especializado. Por ello, las Mesas de Trabajo del 6 de noviembre fueron convocadas con el objetivo de revisar de manera integral el articulado, identificar áreas de mejora y construir recomendaciones comunes desde una perspectiva interinstitucional y ciudadana.
Durante la apertura, el Mtro. Iván Andrade Rembau, director de EnIgualdadAC, enfatizó que los avances logrados desde junio no habrían sido posibles sin la colaboración estrecha entre organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y especialistas que han acompañado cada etapa del proceso.
Recordó que los espacios desarrollados en agosto fueron fundamentales para establecer un lenguaje común y abrir canales de diálogo con el Congreso del Estado. Ante las diputadas Alicia Gaytán, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, y Gabriela Félix, presidenta de la Comisión de Parlamento Abierto, Andrade hizo un llamado a fortalecer los ejercicios participativos y evitar simulaciones en los procesos de consulta, destacando la importancia de construir reformas a partir de deliberaciones reales, técnicas y orientadas a la mejora institucional.
Participación y enfoque de trabajo
En las mesas participaron defensoras de derechos humanos, académicas de distintas disciplinas, legisladoras, personal técnico del Congreso, servidoras públicas de los sistemas de justicia, salud, educación y protección a la niñez, así como organizaciones de la sociedad civil con experiencia en acompañamiento a víctimas, prevención y análisis institucional.
Cada mesa contó con una moderadora encargada de conducir la discusión, una relatora responsable de recopilar los principales aportes y un equipo de apoyo para garantizar el desarrollo operativo del ejercicio. El enfoque metodológico combinó análisis jurídico, revisión institucional y discusión práctica basada en experiencias de campo, procurando siempre evitar revictimización y privilegiar el interés superior de la niñez.
Las sesiones se organizaron alrededor de preguntas detonadoras que permitieron profundizar en dimensiones clave: consentimiento, relaciones de poder, cercanía de edad, armonización legislativa, impacto en políticas públicas y retos institucionales para la implementación.
Resultados por mesa
MESA 1 — Derechos Humanos y Autonomía Progresiva
Moderadora: Lcda. Megan Aganza
Relatoría: Ana Quijada
La mesa analizó la propuesta de elevar la edad mínima de consentimiento sexual de 12 a 16 años, concluyendo que este ajuste se alinea con estándares internacionales y refuerza la protección de niñas, niños y adolescentes. Las participantes señalaron que el consentimiento no puede interpretarse únicamente como la manifestación verbal de una voluntad, sino que debe analizarse siempre en función del contexto, las relaciones de poder y las condiciones de coerción, particularmente cuando intervienen personas adultas.
Un punto central fue la importancia de evitar la criminalización de relaciones sexuales consentidas entre adolescentes. La mayoría coincidió en que la ley debe establecer una cláusula de cercanía de edad que garantice que las relaciones entre pares no sean penalizadas cuando no existan jerarquías, coerción ni manipulación.
Asimismo, se reiteró la recomendación de eliminar la figura del estupro, señalando que su diseño actual es revictimizante y contradictorio con una protección reforzada para personas adolescentes.
MESA 2 — El Consentimiento como Eje de los Delitos Sexuales
Moderadora: Lcda. Gabriela Herrera
Relatoría: Ariadna Cárdenas Parks (Redefine Sonora)
La mesa revisó el tránsito del enfoque tradicional centrado en la “violencia física” hacia un modelo basado en la ausencia de consentimiento. Se subrayó que este cambio es consistente con criterios nacionales e internacionales y que, en la práctica, permitiría reducir la impunidad y la revictimización, ya que dejaría de exigirse que la víctima demuestre resistencia o fuerza física.
Las participantes distinguieron dos elementos clave para valorar el consentimiento:
- Circunstancias coercitivas: amenazas, intimidación, manipulación, abuso de autoridad o jerarquía.
- Contexto coercitivo: desigualdades estructurales, pobreza, dependencia económica, normas culturales, condiciones familiares o comunitarias.
Ambos elementos deben quedar definidos en la legislación y sus efectos deben considerarse en la investigación penal. Para ello, se señaló la necesidad de actualizar el Protocolo de Investigación de Delitos Sexuales, fortalecer las unidades de análisis de contexto, mejorar la infraestructura (como las salas de videograbación) y capacitar a operadoras y operadores del sistema de justicia.
MESA 3 — Armonización Legislativa y Políticas Públicas de Prevención
Moderadora: Lisette Sandoval
Relatoría: Serna Aragón
La tercera mesa puso énfasis en los ajustes que deben realizarse en otras leyes estatales para garantizar que la reforma penal tenga efectos reales. Se discutieron inconsistencias normativas en materia educativa, laboral, sindical y de protección a la niñez, así como la necesidad de homologar definiciones, actualizar lenguaje y fortalecer obligaciones institucionales.
En el ámbito educativo se destacó la urgencia de revisar protocolos escolares, capacitar a docentes como primeros respondientes y garantizar que los procedimientos de denuncia sean accesibles y no revictimizantes. También se enfatizó que la prevención debe contemplar estrategias universales, focalizadas y terciarias, acompañadas de presupuesto, indicadores y datos desagregados.
Sobre el papel de la sociedad civil, la mesa coincidió en que su participación será fundamental para el seguimiento de la reforma, la vigilancia del cumplimiento institucional y la construcción de mecanismos de monitoreo y transparencia.
¿Por qué es importante este proceso?
Porque la reforma en materia de consentimiento sexual tendrá impacto directo en:
- La protección de niñas, niños y adolescentes.
- La persecución penal de delitos sexuales.
- La prevención en escuelas, espacios comunitarios y laborales.
- La capacidad de las instituciones para actuar sin revictimizar.
- La construcción de políticas públicas basadas en evidencia.
Para EnIgualdadAC, estas mesas demostraron el valor del trabajo colaborativo y la importancia de integrar voces técnicas, institucionales y comunitarias para fortalecer una reforma que responda a la realidad y garantice justicia y protección efectiva.
Las mesas de trabajo del 6 de noviembre representaron un ejercicio colaborativo de alto valor técnico y social. Permitieron integrar la experiencia de diversas instituciones, organizaciones y especialistas para fortalecer una reforma que impactará directamente en la protección de niñas, niños, adolescentes y personas adultas sobrevivientes de violencia sexual.
Para EnIgualdadAC, este proceso reafirma la importancia del diálogo interinstitucional, la revisión crítica de la legislación y la construcción colectiva de soluciones que garanticen prevención, acceso a justicia y reparación integral. El trabajo continuará en las siguientes fases: armonización legislativa, socialización pública de los avances y acompañamiento en la implementación institucional de la reforma.
Lo que sigue:
EnIgualdadAC continuará acompañando:
- La armonización legislativa posterior a la reforma.
- La difusión pública de resultados.
- El seguimiento de indicadores e implementación institucional.
- La participación de sociedad civil en la vigilancia y monitoreo.
Agradecemos la participación y colaboración de Equality Now, del Congreso del Estado de Sonora y de las organizaciones aliadas —Jurídicas Feministas, HeForShe Sonora y Redefine Sonora— cuyo acompañamiento técnico y compromiso hicieron posible el desarrollo de estas mesas de trabajo.
