La experiencia impulsada en Sonora para fortalecer la legislación penal en materia de consentimiento sexual fue presentada como parte de un diálogo nacional y regional sobre los avances, retos y aprendizajes de los procesos de reforma frente a la violencia sexual.

El Mtro. Iván Andrade Rembau, director general de Avance y Desarrollo por la Igualdad A.C. (EnIgualdad), compartió la experiencia desarrollada en Sonora durante el panel dedicado a analizar los procesos de incidencia legislativa sobre consentimiento sexual en México.

En el diálogo se presentaron las experiencias de Ciudad de México, Oaxaca, San Luis Potosí y Sonora, así como los aprendizajes del proceso desarrollado en Bolivia a partir de la sentencia Angulo Losada vs. Bolivia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La experiencia de Sonora

Durante su participación, Andrade Rembau explicó que el trabajo de EnIgualdad surgió inicialmente de la preocupación por los datos relacionados con embarazo adolescente, violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes y las dificultades para conocer qué sucede con estos casos una vez que ingresan —o no— al sistema de justicia.

A partir de esta revisión, EnIgualdad identificó importantes vacíos de información y retos en la legislación penal de Sonora. Entre ellos se encontraba la edad prevista en el Código Penal para determinadas conductas sexuales y la permanencia de figuras como el estupro.

Esto llevó a la organización a impulsar el proyecto “Redefiniendo el consentimiento sexual”, mediante el cual se ha buscado colocar el consentimiento como un elemento central para analizar la violencia sexual y generar evidencia que contribuya a la discusión legislativa.

El proceso ha contado con el acompañamiento y colaboración de Equality Now y ha permitido pasar de una discusión inicialmente centrada en la edad para consentir hacia un análisis más amplio sobre el consentimiento sexual, la eliminación del estupro y la adecuación de la legislación estatal a los estándares de derechos humanos.

Incidencia legislativa acompañada de evidencia

Uno de los principales aprendizajes compartidos por EnIgualdad fue la necesidad de que una reforma legislativa no se construya únicamente desde el Congreso.

En Sonora se han generado espacios de diálogo con juezas, jueces, personal de procuración de justicia y otros actores involucrados en la aplicación de la legislación penal, con el propósito de conocer los problemas que enfrentan en casos concretos y contrastarlos con las reformas propuestas.

Estos encuentros permitieron identificar nuevas preguntas sobre la aplicación práctica del consentimiento, la valoración de pruebas, los peritajes y la manera en que las autoridades analizan los casos de violencia sexual.

También mostraron la importancia de incorporar las voces de niñas, niños y adolescentes, particularmente al discutir la edad para consentir, la autonomía progresiva y la protección frente a relaciones abusivas o contextos de desigualdad.

“No se trata solamente de modificar el Código Penal. Tenemos que involucrar a quienes van a aplicar la legislación y generar espacios para escuchar también a niñas, niños y adolescentes. La reforma tiene que construirse con evidencia y con las experiencias de quienes enfrentan estos casos en la práctica”, señaló Andrade Rembau.

Incidencia política y comunicación pública

Durante el panel, EnIgualdad destacó otro componente de la estrategia desarrollada en Sonora: trabajar de manera paralela la incidencia legislativa y la comunicación pública.

La organización ha realizado mesas de trabajo, foros, presentación de información, actividades con medios de comunicación y acciones de divulgación para que la discusión sobre consentimiento sexual no permanezca exclusivamente entre especialistas.

La experiencia también ha requerido adaptar la estrategia frente a los cambios dentro del Congreso del Estado. La presentación de una iniciativa legislativa relacionada con la edad para consentir llevó a EnIgualdad a fortalecer su propuesta y ampliar la discusión hacia otros elementos sustantivos, particularmente la eliminación del estupro y la incorporación de estándares sobre consentimiento sexual.

Para Andrade Rembau, uno de los aprendizajes centrales ha sido que las organizaciones de la sociedad civil deben documentar y hacer visible la evidencia que generan durante estos procesos.

“La estrategia legislativa no puede estar separada de la estrategia de comunicación. Documentar las mesas, publicar los diagnósticos, explicar las propuestas y hacer accesible la información permite que la discusión pública no dependa únicamente de la narrativa de los actores políticos”.

Aprendizajes compartidos desde México y América Latina

El intercambio permitió identificar desafíos comunes entre los procesos desarrollados en Bolivia y distintas entidades de México.

Entre ellos destacan la necesidad de colocar el consentimiento en el centro del análisis de la violencia sexual; evitar que las reformas dependan exclusivamente de la acreditación de fuerza o resistencia; fortalecer las capacidades de quienes investigan y juzgan; construir alianzas con sociedad civil, instituciones y sobrevivientes; y desarrollar estrategias de comunicación capaces de explicar estos cambios en un lenguaje accesible.

Las experiencias presentadas coincidieron además en un punto fundamental: una reforma penal no termina con su publicación.

La transformación normativa requiere protocolos, capacitación, jurisprudencia, acompañamiento, monitoreo y cambios institucionales que permitan que los estándares de derechos humanos se traduzcan efectivamente en mejores condiciones de acceso a la justicia.

Para EnIgualdad, este intercambio fortalece el trabajo que actualmente se desarrolla en Sonora y permite incorporar aprendizajes de otras entidades y países a la ruta de incidencia del proyecto “Redefiniendo el consentimiento sexual”.

Desde la sociedad civil continuaremos impulsando una discusión pública informada, participativa y basada en evidencia para avanzar hacia una legislación que proteja de manera efectiva a niñas, niños y adolescentes y fortalezca el acceso a la justicia frente a la violencia sexual.